Sabiñánigo y buena parte del Alto Aragón viven atrapados en una obra casi terminada. La variante de la A-23, concebida para descongestionar el acceso al Pirineo aragonés y mejorar la conexión hacia el valle de Tena, la Jacetania, Alto Aragón y Francia, permanece paralizada cuando apenas quedaría por ejecutar el tramo final. El bloqueo ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en un foco de malestar social, económico y territorial.
La situación resulta difícil de explicar para responsables turísticos, vecinos, empresarios, transportistas y agricultores. La obra está ejecutada en torno al 98 %, pero ese 2 % pendiente mantiene cerrados accesos, complica la movilidad y deriva tráfico pesado hacia el entorno urbano. En Sabiñánigo, cruce natural de caminos del Pirineo, la paciencia se ha agotado.
El origen del bloqueo está en el desacuerdo entre el Ministerio de Transportes y la UTE adjudicataria, formada por Rover y Aldesa, después de que las empresas solicitaran un tercer modificado técnico y económico. La actuación figura en la web de Aldesa con un importe de poco más de 89 millones de euros, mientras que el Ministerio situaba en agosto de 2025 el presupuesto vigente de la obra en 108,37 millones de euros, IVA incluido -ver comunicado-. Esa cifra oficial no ha evitado el nuevo desencuentro para completar los trabajos. El importe concreto de la nueva petición de la UTE no ha trascendido públicamente. Mientras la negociación sigue sin una solución visible, el territorio convive con los efectos de una infraestructura que debía aliviar la circulación y que hoy condiciona el día a día de la de la movilidad de Sabiñanigo.
Sabiñánigo pendiente del último tramo
El malestar tiene una razón muy concreta. Desde agosto de 2025, dos de las cuatro entradas a Sabiñánigo permanecen cerradas. Aquella medida nació como una solución provisional mientras se completaba la fase final de la obra, pero la provisionalidad se ha convertido en rutina. En noviembre, la maquinaria desapareció de la zona y desde entonces no hay una fecha clara de reanudación.
Lidia Ferrer, gerente de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego, resumía la situación con una frase muy gráfica en una entrevista realizada por Aragón Televisión. “Tenemos un 98 % de la obra ejecutada y con un 2 % que falta nos vemos dentro de Sabiñánigo, cruce de caminos, con dos entradas cerradas”. La dirigente empresarial advertía además de que los desvíos provisionales “no son viables en el tiempo” y de que no se aprecia una solución “ni a corto ni a medio plazo”.
La imagen que se repite en la zona es la de los accesos y desvios de Sabiñanigo convertidos en cuello de botella. Tráfico lento, itinerarios incómodos, accesos bloqueados y una sensación creciente de inseguridad acompañan una obra que debía estar ya resolviendo problemas, no generándolos.
Turismo, comercio, transporte y agricultura bajo presión
La paralización no afecta solo a Sabiñánigo. Su impacto alcanza al conjunto del Alto Aragón. La A-23 es una vía esencial para la movilidad hacia el Pirineo y para sectores que dependen de accesos ágiles y seguros, como el turismo, el comercio, el transporte, la agricultura y la industria.
El problema adquiere mayor gravedad con la llegada de la temporada alta y de grandes eventos deportivos. La Quebrantahuesos y el Campeonato de España de Ciclismo multiplican la presión sobre una red viaria ya tensionada. En jornadas de gran afluencia, Sabiñánigo puede triplicar población y tráfico, lo que convierte los desvíos actuales en una amenaza para la fluidez, la seguridad y la imagen del destino.
También el sector agrícola mira con preocupación las próximas semanas. La cooperativa que da servicio a las comarcas del entorno se encuentra afectada por uno de los accesos cortados. Si no se habilitan alternativas eficaces, cosechadoras, tractores y vehículos pesados tendrán que atravesar el municipio, con el consiguiente riesgo para la circulación urbana.
“Parece una ratonera”
El hartazgo se ha extendido a diferentes sectores. Asociaciones empresariales del Alto Gállego y la Jacetania, organizaciones agrarias, transportistas, cooperativas y entidades locales han elevado el tono y reclaman una solución inmediata. Según Ferrer, los colectivos movilizados representan a cerca de 10.000 empresas. No se trata, por tanto, de una queja aislada, sino de una protesta transversal.
La gerente de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego lo expresó sin rodeos. “No me gusta utilizar la palabra, pero aquí estamos, que parece una ratonera”. La preocupación no es solo económica. También apunta a la seguridad ciudadana. En caso de emergencia, el acceso de bomberos, ambulancias o vehículos de intervención puede verse comprometido por unos desvíos pensados para unas semanas y no para una situación indefinida.
Ese es uno de los puntos más sensibles del conflicto. El territorio no pide únicamente que se termine una obra. Reclama que, mientras no se complete, se garantice una movilidad segura, funcional y digna para quienes viven, trabajan o se desplazan por la zona.
Una conexión clave para el Alto Aragón
La variante de Sabiñánigo no es una carretera secundaria ni una mejora menor. Forma parte de la autovía A-23, la llamada autovía Mudéjar, y tiene un papel clave en la conexión del valle del Ebro con el Pirineo aragonés. Su finalización permitiría sacar tráfico del entorno urbano, mejorar la seguridad vial y reforzar el acceso a uno de los grandes territorios turísticos de montaña del norte de España. Por eso el retraso genera tanta indignación. Para muchos vecinos y empresarios, lo incomprensible no es solo la demora acumulada, sino que la comarca siga pagando las consecuencias cuando el grueso de los trabajos ya está hecho.
La situación se agrava por el ruido político que rodea la adjudicación. Diversas informaciones periodísticas han situado el contrato bajo el foco de la controversia por su relación temporal con responsables investigados en tramas de contratación pública. Con todo, conviene ser prudentes. Una cosa es el debate político generado por la adjudicación y otra afirmar que exista una investigación judicial específica sobre esta obra, extremo que no consta acreditado públicamente.
Un bloqueo que ya no admite más excusas
El Ministerio de Transportes sostiene que trabaja para desbloquear la situación dentro del marco legal y administrativo. La UTE, por su parte, debe responder a las condiciones planteadas para retomar los trabajos. Pero para los vecinos y sectores afectados, el debate técnico ha dejado de ser suficiente.
La pregunta que se hace el territorio es mucho más sencilla. Cómo puede una obra pública estar prácticamente acabada y seguir condicionando la vida de una Sabiñanigo y otras conexiones de la zona. Cómo puede quedar detenido el último tramo de una infraestructura llamada a ordenar la movilidad del Pirineo aragones de las comarcas de La Jacetania, el Alto Aragón y el Valle de Tena. Y quién asume el coste real de cada día de demora. Porque el coste ya no se mide solo en millones de euros. Se mide en atascos, desvíos, pérdida de competitividad, inseguridad, mala imagen turística, sobrecostes para empresas y desgaste ciudadano.
La variante de Sabiñánigo se ha convertido en algo más que una carretera inacabada. Es el símbolo de un Pirineo aragonés que ve cómo una obra casi terminada sigue pendiente de una solución política, técnica y económica.
